Pablo Benito - Títulos periodísticos como “Luz verde para ordenar y utilizar TODA la infraestructura ferroviaria” (ver El Litoral 17/12/09) o “El Municipio tendrá potestad sobre los bienes ferroviarios” (ver Notife 17/12/09) lo que repicó, como certeza, en los medios de contenidos subsidiarios y, como corolario, instaló en la opinión pública la posibilidad de un poder, cierto, del Intendente a disponer de bienes ajenos. Los medios jugaron, los hicieron jugar o se equivocaron mientras la información oficial se lavaba las manos dejando que el “supuesto” crezca (ver web oficial municipal ) . El Acta Acuerdo entre ADIF y Municipalidad, es un convenio marco en el que las partes ACUERDAN la conformación de la “Unidad Coordinadora de Infraestructuras Ferroviarias y Desarrollo Urbano Municipalidad de Santa Fe – ADIF”, en la cual difícilmente se puede inferir una transferencia del Estado Nacional o una cesión de “potestad”  o “utilización” municipal de TODA la infraestructura ferroviaria. Excepto una gran imaginación o una mala información pueden concluir que existe la decisión de “comercializar” los terrenos lindantes a la Estación Belgrano, tal como lo grafica el vespertino en la nota referida, para “financiar” las erogaciones hechas, o por hacer, de parte del municipio. Podrá ser una manifestación de deseo de grupos económicos locales, la enajenación de terrenos ferroviarios con fines inmobiliarios, pero lejos está de ser un dato de la realidad, mucho menos, aún, como virtual es también la facultad del municipio para otorgar permisos de explotación comercial, como lo es el ilegal emprendimiento de Falucho S.A. con su “Bar Saer”, cuya improvisación jurídica no tiene mayor validez que un apretón de manos entre Barletta y el empresario Fertonani. Esta no es más que operatoria de gestiones virtuales, por parte del municipio, para estimular las expectativas de negocios tutelados por un Ejecutivo municipal que primero perdió legitimación institucional en su avance autoritario sobre los demás poderes, llegando hoy a carecer de la más mínima legalidad en los actos de manipulación urbana y ciudadana. Ponemos a disposición de los lectores el facsímil del acuerdo ADIF- Municipalidad.

El acuerdo entre Nación y Municipio fue violado inmediatamente después de haber sido firmado. La habilitación de un emprendimiento comercial gastronómico, en el edificio de la Estación Belgrano, a través de un “Permiso de Uso Precario”, de forma intempestiva, a la empresa Falucho S.A., se produce 24 horas después que el Intendente se obligue, con la firma del acuerdo con la Nación, a conformar una UNIDAD COORDINADORA, en la que LAS PARTES (Municipio y ADIF) “deberán presentar para la aprobación la aprobación respectivas de las partes, una propuesta de trabajo, señalando las prioridades y plazos para la concreción de los objetivos señalados en la presente. Una vez aprobado el plan de trabajo, el incumplimiento de las obligaciones pactadas, en los plazos establecidos, generará la CADUCIDAD del presente acuerdo”. Es decir, Barletta habilita permisos comerciales sobre un bien que no es del municipio, logra conformar un órgano colegiado para determinar, conjuntamente, las decisiones a tomar sobre bienes ferroviarios ajenos pero, al mismo tiempo, y fuera de todo marco legal, “permite” a un privado hacer dinero, de manera escandalosa, en un sitio en el cuál el Estado municipal invirtió millones para refuncionalizar y “preservar” un patrimonio que, jurídicamente, le es extraño.

Cómo verán en el texto del acuerdo, éste es NO VINCULANTE y no Ejecutivo como se quiere dar a conocer, ya que “los acuerdos alcanzados en el ámbito de la UNIDAD se plasmarán en ACTAS DE LA UNIDAD, las que deberán ser refrendadas posteriormente por las autoridades competentes”, entiéndase Secretaría de Transporte, Ministerio de Planificación Nacional y demás reparticiones acusadas, por el Gobierno de la Ciudad, de incompetentes a la hora de firmar la adjudicación definitiva a JUMBO - CENCOSUD quien se impuso en la licitación iniciada por la Nación aún no resuelta.

Es importante, para entender la manipulación legal y política de intereses inmobiliarios millonarios, las fechas en las que se realizan los actos jurídicos – normativos porque, de ellos se desprenden, como veremos, las irregularidades cometidas en pos de un negocio que ya tiene, agazapados, a sus beneficiarios privados, entre ellos, las personas físicas que hoy son autoridades públicas que, con socios aparentes privados intervienen, en la concreción de las expectativas de un negociado sin precedentes en nuestra ciudad.

Con tamañas irregularidades visibles hasta para un ciego, un socio, un pautado o un cómplice, es difícil que, en la inversión de la carga de la prueba, se pueda demostrar que sólo se trata de “errores de forma”.