En diálogo con TMO, Orlando Gauna se refirió al caso y sostuvo que “Esta Justicia debe cambiar. Necesitamos un Poder Judicial en la provincia de Santa Fe independiente del poder político y económico, al servicio de la sociedad en su conjunto, y no de unos pocos”.

Estas son las presentaciones realizadas por Orlando Gauna, ante los tribunales santafesinos, solicitando la investigación del affaire de las empresas fantasmas proveedoras de la Gobernación de Santa Fe, denunciado por las revistas Tercer Mundo (Nº 25 y 26, febrero y marzo de 2004)

Orlando Agustín Gauna, ante la Fiscalía Nro. 3

Santa Fe de la Vera Cruz, 25 de julio de 2005.

Al Señor Fiscal N° 3.

El que suscribe, Orlando Agustín Gauna, domiciliado en Barrio El Pozo, Manzana Nº 1,  Vivienda Nº 19, L.E. Nº 6.255.319, se presenta ante Ud. y DECLARA QUE:
El 6 de abril de 2004, denunció en esa Fiscalía N° 3, que según publicaciones de la Revista Tercer Mundo, la Señora Verónica Reutemann, podría haber cometido hechos que constituirían delitos, mientras se desempeñaba como Secretaria Privada durante la gobernación del Señor Carlos Alberto Reutemann.
Que desde esa Fiscalía fue girada la denuncia al Juzgado Correccional de la 6ta. Nominación,  donde obraban como Expediente N° 1394 – Año 2004, caratulado “REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN FISCAL N° 3 s/Solicita  se investiguen posibles ilícitos penales s/denuncia de ORLANDO A. GAUNA”
El Magistrado actuante, con fecha 15 de abril ordenó “Requiérase al denunciante que acompañe las pruebas pertinentes”. Pero sospechosamente la cédula judicial fue librada el 6 de julio (casi tres meses después). Recibida, fue contestada el 6 de agosto.
Desde entonces no se tiene conocimiento de que se hubieran realizado diligencias judiciales tendientes al esclarecimiento de los hechos. Inclusive, el periodista autor de la nota motivo de la denuncia, le manifestó verbalmente al declarante que nunca había sido llamado a declarar en la causa, pese a que resulta obvio que el mismo podría aportar elementos probatorios útiles a la investigación.
Cabe agregar que se ha tomado conocimiento que la Sección Penal Tributaria de la Div. Jurídica de la AFIP habría radicado a principios del mes de mayo del año en curso, una denuncia penal ante el Fiscal N° 7, Dr. Héctor Millén, por los presuntos delitos de falsificación de documento privado, defraudación a la administración. pública, negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes de funcionario público. Denuncia que tendría origen en los mismos hechos denunciados por el declarante en esa Fiscalía, contra la Señora Verónica Reutemann. Esta nueva causa, se encontraría radicada en el Juzgado de Instrucción de la 6ta. Nominación, a cargo del Doctor Carlos Ferrero.
La denuncia de la AFIP demuestra en forma palmaria que la presentación hecha por el declarante en esa Fiscalía, merecía una urgente y eficaz investigación, que aparentemente no habría tenido por parte del Doctor José Luis Giavedoni.
Es dable acotar que según un informe del Banco Mundial sobre la Justicia Argentina “la corrupción tarda casi nueve años en llegar a juicio”, señalando como uno de los motivos de esta morosidad, el retraso de los jueces en la investigación y que tardan varios años en llegar a indagar a los sospechosos. A pedido de la oficina Anticorrupción, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, financió la elaboración de un "Mapa de Riesgos de Corrupción" —así lo llaman— que pretende ir más allá de las intuiciones sociales. La investigación intentó "explorar cómo se investigan los hechos de corrupción". Hasta ahora, la única forma de medir los índices de corrupción era a través de encuestas de percepción, con las que se hacen los índices internaciones y que, según la que hizo Transparencia Internacional a principios de este año, Argentina se ubica en el puesto 108 entre 146, es decir entre los más corruptos del planeta. Los casos de corrupción se investigan con una lentitud cinco veces mayor a la de los delitos comunes. En la justicia penal ordinaria, los acusados declaran ante el juez en las primeras dos semanas desde iniciado el proceso. En las causas por corrupción, los plazos son mucho más flexibles. "En el 40 por ciento de los casos analizados ningún imputado ha sido llamado a indagatoria", dice el Mapa de Riesgos.
El Poder Judicial tiene la obligación legal y moral de juzgar con equidad y responsabilidad. Si así lo hicieren tenemos esperanzas de vera salva a nuestra patria. De lo cont5rario, serán los principales responsables de los perjuicios ocasionados por la falta de justicia.

Por ello, se solicita al Señor Fiscal, quiera requerir el activo despacho de la causa denunciada deduciendo los reclamos pertinentes; y si lo estimare conveniente, proponga la aplicación de sanciones disciplinarias contra el Magistrado, funcionarios y/ o empleados responsables de la violación de las normas del Código Procesal penal, conforme lo establece la Ley Orgánica de Tribunales.
   

     Orlando Gauna
 

Santa Fe de la Vera Cruz,    6  de abril de 2004.

Al Señor Fiscal.

El que suscribe, Orlando Agustín Gauna, de 59 años de edad, nativo de este territorio usurpado por el europeo, divorciado, instruido, empleado, domiciliado en Barrio El Pozo, Manzana Nº 1,  Vivienda Nº 19, L.E.Nº 6.255.319, se presenta ante Ud. y por derecho propio DENUNCIA que:
En la Revista “Tercer Mundo” del mes de febrero último, bajo el título “La Sobrina” y firmado por el periodista Luis Moro, se publica un artículo en el que se imputa a la Señora Verónica Reutemann, quien se desempeñaba como Secretaria Privada del ex Gobernador  Don Carlos Reutemann, de la comisión de hechos supuestamente delictuosos.
Según esta publicación, la Sra. Reutemann ordenó las compras directas  de insumos de computación a la librería “Cin-Mig”, de calle San Lorenzo Nº 1932, que factura como “responsable monotributo” pese a no estar inscripta en la AFIP, y cuya titular sería Noemí Orieta, esposa de Miguel Quiroz, empleado de la Gobernación.
Del mismo modo, autorizó compras directas a “Insumos Paper Distribuciones” con domicilios en Curupies y Margaritas de Sauce Viejo (donde solo existe un terreno baldío) y en calle San Lorenzo Nº 1561, cuya titular sería la Sra. Cintia Yanina Quiroz, hija del antes nombrado Miguel Quiroz, empleado de la Gobernación.
También la Sra. Reutemann habría  ordenado similares tipos de compras a “Hewpack Distribuciones” con domicilio en calle Belgrano Nº 5959, que factura como monotributista pese a que tampoco figura como inscripta en la AFIP. Negocio propiedad de Alejandro Marquez, yerno del mencionado anteriormente Miguel Quiroz empleado de la Gobernación y esposo de la también proveedora Cintia Yanina Quiroz.
Además habría ordenado la Sra. Reutemann, compras directas a “Silosmig distribuciones” con domicilio en calle Lavaise Nº 4156 (dirección inexistente) comercio propiedad de Silvia Acastello, la que manifestó no ser  propietaria de ninguna librería ni negocio de similares características y solo ser beneficiaria de un Plan Jefes de Hogar. Pero sospechosamente surge el dato que su esposo Oscar Bravo, estuvo antes casado con Norma Quiroz, hermana del ya nombrado Miguel Quiroz empleado de la Gobernación.
De lo detallado precedentemente publicado por la mencionada Revista, surgen elementos de convicción suficientes para sospechar que de ser ciertas las imputaciones periodísticas, se habrían cometido hechos delictuosos que es menester investigar.

DIOS GUARDE A USTED

Orlando Agustín Gauna
 
Santa Fe de la Vera Cruz,    6  de agosto de 2004.

Al Señor Juez:

El que suscribe, Orlando Agustín Gauna, remite esta cédula en devolución, y atento al requerimiento ordenado, DICE:
Que habiendo radicado la denuncia el día 6 de abril y atento al tenor de la misma, donde sólo expresa que una publicación periodística informa sobre la presunta comisión de hechos delictuosos perseguibles de oficio, estimaba que a la fecha ya se habría procedido al secuestro de un ejemplar de la publicación, recibido testimonial al periodista responsable de la nota, reunido elementos probatorios, indagado a los responsables y, si correspondiere, aplicado las más severas condenas a los imputados, por las circunstancias agravantes de abusar de sus funciones para la comisión de los delitos, imputados que gozan de un empleo en momentos en que nuestro país se encuentra azotado por un elevado índice de desocupación.
Que aún ante las sospechas que pesan sobre los poderes del Estado y a que el actual Presidente de la Nación, denunció públicamente la existencia de una Corte Suprema de la Nación con “mayoría automática”, la estimación del suscripto se basaba en la creencia de que todavía existe una Justicia eficiente y pronta a reunir elementos probatorios, que ante cualquier demora podrían ser destruidos, y por ello no tuvo la precaución de guardar el ejemplar de la publicación aludida en la denuncia.
POR ELLO: para satisfacer el requerimiento de S.S., y habiendo extraviado el ejemplar del mes de febrero de la revista “Tercer  Mundo”, tomó contacto con el periodista autor de la nota, el que, ante la insistencia del denunciante, finalmente accedió a entregar dos copias de facturas de “Insumos Paper”, las Nos. 000 - 00000021 y 000 -00000122, fechadas los días 5/4/02 y 22/8/02 respectivamente y un ejemplar de la revista mencionada en la denuncia.
A los fines pertinentes se adjuntan las copias de las facturas mencionadas y un ejemplar de la Revista Tercer Mundo, Nº 25 del mes de febrero de 2004. Sirva este proveído de muy atenta nota de remisión.

DIOS GUARDE A UD.

Orlando Agustín Gauna